La utilidad de las huellas dactilares en la investigación criminal tuvo su momento histórico en el siglo XIX.
El análisis de una huella de sangre en un crimen cometido el 29 de junio de 1892 en la ciudad argentina de Necochea, provincia de Buenos Aires, impidió culpar a un sospechoso que insistía en su inocencia (Ramón Velásquez) y señalar a la verdadera autora (Francisca Rojas), la madre de dos niños asesinados.
Fue el primer caso en el mundo en que la comprobación de rastros dactilares permitió resolver una investigación criminal y “admitir la dactiloscopia como prueba judicial”, señala el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
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