La situación en China del pueblo uigur, de etnia asiática y fe musulmana, se deteriora cada día más.
La expulsión, a pesar de haber sido fulminante (“tiene 24 horas para irse”) y de haber sido transmitida por vías no oficiales, terminó siendo tardía: cuando John Sudworth, el corresponsal de la BBC en Pekín, se embarcó hacia Taipéi ya el mundo se había enterado de lo constantes y brutales que han sido los atropellos a los derechos humanos que sufre la minoría uigur que vive en la región de Xinjiang, en el extremo noroccidental de la República Popular China, y que incluyen desde violaciones sistemáticas de las mujeres y la separación de los hijos de sus padres hasta el internamiento de decenas de miles de personas en campos de reeducación. Todo lo cual, por supuesto, es negado con vehemencia por el gobierno chino.
“Mientras mi familia y yo salíamos al apuro, asustados y habiendo hecho las maletas a última hora, policías vestidos de civil nos vigilaron frente a nuestra casa, nos siguieron hasta el aeropuerto y se aseguraron de que nos embarcáramos en el avión”, según el relato de Sudworth, el periodista inglés que reportó ocho años desde Pekín y que es, por ahora, el último de los corresponsales extranjeros que han tenido que salir de China por el reforzamiento de la censura de prensa y el hostigamiento a los medios internacionales ocurridos desde 2013, cuando Xi Jinping asumió como líder del Partido Comunista. “Pero nunca pudieron desmentir mis reportes”.
